La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó atraer cuatro recursos de revisión extraordinaria para analizar la sentencia que ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia (Covaj) del Caso Iguala, mecanismo relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La decisión, aprobada por unanimidad del pleno a petición de la Presidencia de la República, permitirá al máximo tribunal revisar de forma excepcional una resolución judicial firme emitida por un Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas.
Además de ordenar la creación de la Covaj, la sentencia instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los familiares de los normalistas a designar representantes para integrar este órgano extraordinario de investigación.
La FGR impugnó la resolución al considerar que la nueva comisión podría interferir con las funciones de la unidad especial encargada de las investigaciones del Caso Ayotzinapa dentro de la propia institución.
Con este procedimiento, la Corte analizará si un juez de amparo puede ordenar la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación o si dicha determinación vulnera los principios constitucionales de relatividad de las sentencias y división de poderes.
Durante la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías se excusó de participar en la discusión y resolución del asunto debido a que anteriormente encabezó la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, instancia que actualmente investiga el caso.
Tras conocerse la decisión, organizaciones civiles que acompañan a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos expresaron su preocupación al considerar que la revisión “difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia” y, por el contrario, prolongará la incertidumbre jurídica.
Los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Serapaz y otras organizaciones señalaron que la resolución de la SCJN reabre el debate sobre una sentencia que, además de desmontar la denominada “verdad histórica”, abrió la posibilidad de establecer un mecanismo extraordinario de investigación con la participación de la FGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas.
