La Comisión Permanente recibió este viernes la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en materia de integridad de candidaturas, con el objetivo de cerrar el paso a la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
La propuesta plantea la creación de mecanismos permanentes de coordinación e intercambio de información entre el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos y distintas instancias del Estado vinculadas con seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
El propósito es que los partidos políticos, tanto nacionales como locales, cuenten con información técnica, oportuna y relevante sobre los perfiles de las personas que busquen contender por cargos de elección popular, a fin de detectar posibles vínculos con actividades delictivas antes de concretar las postulaciones.
Como parte de la reforma, se propone adicionar el Título Segundo Bis a la LEGIPE para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la cual funcionará como una comisión permanente del INE.
El nuevo órgano técnico estaría integrado por cinco consejeras y consejeros electorales designados por el Consejo General del INE, quienes permanecerían en el cargo durante tres años. La presidencia sería rotativa y cambiaría anualmente entre sus integrantes.
La iniciativa establece un procedimiento de análisis de riesgo basado en varias etapas operativas.
En primer lugar, el sometimiento al mecanismo será voluntario para los partidos políticos y para quienes aspiren a candidaturas independientes.
La evaluación no constituirá un requisito obligatorio para registrar candidaturas, sino una herramienta preventiva e informativa.
Los partidos podrán presentar listas completas o parciales de aspirantes.
Además, los institutos políticos deberán garantizar que las personas aspirantes otorguen de manera expresa su consentimiento para que sus perfiles sean revisados.
Posteriormente, la Comisión del INE enviará los listados a las autoridades competentes del gobierno federal en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y vigilancia financiera, con el fin de realizar una triangulación de información.
Con base en metodologías técnicas previamente definidas, dichas autoridades determinarán si existe o no un “riesgo razonable” de vinculación con actividades delictivas o con la delincuencia organizada.
La propuesta también contempla salvaguardas para proteger la presunción de inocencia y evitar afectaciones a investigaciones en curso.
Por ello, las dependencias únicamente informarían sobre la existencia o inexistencia del riesgo, sin revelar expedientes, carpetas de investigación o información financiera específica.
El INE recibiría las conclusiones y notificaría de manera confidencial al partido político o a la persona aspirante independiente qué dependencias detectaron el posible riesgo.
Sin embargo, la decisión final sobre mantener o retirar una candidatura quedaría bajo la autonomía y autodeterminación de cada fuerza política.
La iniciativa subraya que el mecanismo estará sujeto a principios constitucionales y garantías legales para impedir un uso faccioso o político de la información.
Entre las salvaguardas destaca la confidencialidad absoluta de las evaluaciones, las cuales no podrán hacerse públicas bajo ninguna circunstancia y solo serán conocidas por las autoridades involucradas y el solicitante.
Asimismo, se establece que la identificación de un “riesgo razonable” no equivaldrá a una acusación penal ni sustituirá las facultades ministeriales o judiciales.
La propuesta también precisa que el mecanismo no tendrá un carácter discriminatorio ni buscará limitar el derecho a ser votado, sino promover mayores estándares de ética pública y probidad en el ejercicio del poder.
Además, señala que, si durante las revisiones las autoridades detectan información relevante sobre posibles delitos, estarán obligadas a iniciar o continuar las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales.
De acuerdo con la iniciativa presidencial, la creación de esta comisión permitiría fortalecer los procesos internos de selección de candidaturas, dotar a los partidos de herramientas técnicas para blindarse frente a la influencia criminal y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en la
