El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscales federales a explorar posibles causas penales por narcotráfico contra funcionarios mexicanos utilizando legislación vinculada al terrorismo, de acuerdo con una publicación del diario estadounidense The New York Times. La medida formaría parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfocada en endurecer el combate contra los cárteles de la droga.
Según el reporte, la directriz fue comunicada esta semana por Aakash Singh, Subprocurador General Adjunto del Departamento de Justicia, durante una conferencia telefónica con fiscales federales de distintas regiones del país. En la llamada se habría pedido ampliar las investigaciones no sólo contra líderes criminales, sino también contra servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico.
El diario estadounidense detalló que los fiscales fueron exhortados a considerar acusaciones por “apoyo material” a grupos catalogados como terroristas, luego de que la administración Trump firmara una orden ejecutiva para designar a diversos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras.
La nueva estrategia buscaría utilizar herramientas legales reservadas tradicionalmente para el combate al terrorismo internacional, con el objetivo de incrementar las capacidades de investigación y judicialización en casos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y presunta corrupción de funcionarios.
La publicación se da en un contexto de creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado. En las últimas semanas, autoridades estadounidenses presentaron acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamientos que el mandatario estatal ha rechazado públicamente.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la falta de pruebas dadas a conocer por las autoridades estadounidenses y sostuvo que cualquier investigación debe realizarse con respeto a la soberanía nacional y a los mecanismos de cooperación bilateral establecidos entre ambos países.
Sheinbaum también ha reiterado en distintas ocasiones que México mantiene coordinación permanente con agencias estadounidenses en temas de seguridad, aunque insistió en que no se aceptarán acciones unilaterales que vulneren la autonomía de las instituciones mexicanas.
El artículo de The New York Times señala además que funcionarios estadounidenses consideran que la cooperación bilateral ha permitido avances importantes en los últimos años, particularmente en operativos contra cárteles, decomisos de droga y extradiciones de presuntos líderes criminales requeridos por cortes estadounidenses.
Analistas consultados por medios estadounidenses advirtieron que la utilización de leyes antiterroristas podría abrir un nuevo escenario jurídico y diplomático entre ambos países, debido a las implicaciones políticas que tendría procesar a funcionarios extranjeros bajo ese tipo de legislación.
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