La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descartó revisar una disputa judicial relacionada con el caso de la saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 2019 en Oaxaca.
El máximo tribunal resolvió no atraer una serie de amparos vinculados al proceso penal contra Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual de la agresión contra la artista oaxaqueña.
La controversia judicial surgió luego de que una jueza sustituta anuló una absolución previa y ordenó repetir parte del juicio, tras la suspensión del juez original antes de emitir por escrito la sentencia definitiva. Durante la sesión, las y los ministros analizaron si era válido que una jueza sustituta declarara la nulidad de lo actuado en la audiencia de juicio oral y dejara sin efectos el fallo absolutorio.
La Fiscalía General de la República solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción para definir si dicha actuación judicial era compatible con el sistema penal acusatorio mexicano. Sin embargo, con cinco votos a favor, la SCJN determinó no intervenir en la solicitud 415/2026.
El caso de María Elena Ríos se remonta a septiembre de 2019, cuando fue atacada con ácido sulfúrico en Oaxaca en un hecho investigado como tentativa de feminicidio. La agresión le provocó severas quemaduras en rostro, pecho, brazos y piernas, además de obligarla a someterse a múltiples cirugías reconstructivas e injertos de piel.
A casi siete años de los hechos, el proceso judicial continúa sin una sentencia definitiva y ha estado marcado por diversos recursos legales y disputas entre las partes involucradas.
El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de violencia con sustancias corrosivas contra mujeres en México y motivó reformas conocidas como la Ley Malena, orientadas a tipificar y sancionar este tipo de agresiones, además de garantizar atención integral a las víctimas.
Desde entonces, María Elena Ríos se ha consolidado como una de las voces más visibles en la lucha contra la violencia ácida y ha denunciado públicamente presuntas irregularidades y obstáculos dentro del proceso judicial relacionado con su caso.
