La presentación del Plan México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un portafolio de inversiones por 277 mil millones de dólares y un programa de infraestructura 2026-2030 por 5.6 billones de pesos, enfrenta señales de incertidumbre en uno de los sectores clave: el portuario. A menos de una semana de su anuncio oficial, una decisión a nivel municipal en Veracruz ha encendido alertas en el sector financiero sobre la estabilidad contractual que el propio gobierno federal busca garantizar.
En paralelo, el gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle García avanzó en la reestructura de su deuda pública mediante la sustitución de créditos con Banobras por un nuevo paquete financiero con BBVA. La operación, anunciada el pasado 15 de abril junto con el titular de SEFIPLAN, Miguel Santiago Reyes Hernández, permitió reducir la tasa promedio de interés de 13% a 7%, con un ahorro estimado de 2 mil 900 millones de pesos y la liberación de 4 mil 500 millones anuales en participaciones federales.
Este movimiento financiero se respaldó en una mejora sostenida de la calificación crediticia del estado durante 2025. Agencias como Fitch Ratings, HR Ratings y Moody’s elevaron la nota de Veracruz a niveles de grado A con perspectiva estable, consolidando un activo reputacional clave para atraer inversión en el marco del Plan México.
Sin embargo, ese avance enfrenta presión tras la intervención administrativa —bajo la figura de requisa— del contrato de alumbrado público en el Puerto de Veracruz. La medida fue ejecutada el 1 de abril por el ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo sobre la empresa Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V., responsable de la primera Asociación Público-Privada (APP) municipal del país.
El contrato, firmado en 2017 a 15 años, cuenta con respaldo institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue registrado en su Unidad de Inversiones y validado por el Congreso estatal, además de contar con auditoría de PricewaterhouseCoopers. Su estructura financiera contempla pagos mediante un fideicomiso operado por Fiduciaria Multiva con fuente en participaciones federales.
De acuerdo con analistas del sector, cualquier alteración en el flujo de pagos fuera del fideicomiso compromete la garantía financiera del proyecto y podría afectar indirectamente la reciente reestructura estatal. Incluso, advierten que un incumplimiento prolongado podría derivar en acciones legales sobre participaciones federales, un escenario inédito bajo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La intervención al contrato de alumbrado no es un hecho aislado. Desde inicios de año, el Cabildo porteño también aprobó auditar a Grupo MAS, concesionaria del servicio de agua, con miras a una posible revocación, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. Este patrón de revisión a contratos heredados refuerza la percepción de incertidumbre jurídica en el ámbito municipal.
El contexto resulta particularmente sensible, ya que Veracruz es considerado estratégico dentro del Plan México por su infraestructura logística y portuaria. La pregunta que ahora plantean los mercados no es solo legal, sino de confianza: si una APP municipal puede ser intervenida unilateralmente, ¿qué garantías existen para futuros proyectos bajo este esquema y para la estabilidad financiera que sustenta nuevas inversiones?
