La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para determinar si existen elementos de prueba que respalden la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.
En un mensaje a medios, el vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que se revisará la información remitida por instancias estadounidenses con el fin de establecer si cuenta con sustento probatorio suficiente para proceder legalmente, lo que podría derivar en solicitudes de detención y eventual extradición.
El funcionario precisó que, de manera paralela, la FGR llevará a cabo su propia indagatoria para verificar que las investigaciones del Departamento de Justicia y de la DEA estén debidamente fundamentadas.
Subrayó que la legislación mexicana es clara al exigir datos de prueba para solicitar una orden de aprehensión ante un juez.
“Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”, indicó.
Asimismo, recordó que el tratado bilateral de extradición establece que esta solo procede cuando las pruebas son consideradas suficientes conforme a las leyes del país requerido, en este caso México.
