El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, afirmó que las acusaciones por narcotráfico y tráfico de armas de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa y Enrique Inzunza, senadora de Morena, en una primera revisión, “no tienen sustento aprobatorio”, aunque subrayó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia que determine su viabilidad legal.
El legislador confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos relacionadas con solicitudes derivadas de la acusación en Nueva York, pero aclaró que no se trata de órdenes de extradición, sino de procedimientos iniciales que deberán analizarse conforme a los acuerdos bilaterales.
“Hay que ser prudentes, no anticipar juicios. El que acusa está obligado a probar”, sostuvo Mier, quien insistió en que cualquier acción deberá apegarse al marco jurídico mexicano y a los tratados internacionales.
Aunque Morena evitó desmarcarse de inmediato de Rocha e Inzunza, tampoco salió en su defensa absoluta.
El senador Saúl Monreal fue claro al señalar que ambos deberán aclarar los señalamientos.
“Tienen que dar la cara y responder con argumentos. Cada quien tendrá que hacerse responsable de sus propios hechos”, afirmó.
Monreal subrayó que no habrá impunidad en caso de comprobarse los delitos, pero insistió en que cualquier decisión —incluida una posible extradición o solicitud de licencia— dependerá de que existan pruebas sólidas.
“Nunca vamos a proteger a nadie si hay evidencia”, dijo, aunque rechazó escenarios como una “extradición fast track” sin sustento jurídico.
En una línea similar, el senador Higinio Martínez apeló a la presunción de inocencia y a la solidaridad política, aunque reconoció la gravedad del caso.
“Es un asunto muy delicado, pero no hay culpabilidad hasta que un juez lo determine”, sostuvo.
El legislador mexiquense evitó pronunciarse sobre el impacto político del caso en Morena, pero admitió que el tema deberá analizarse con cautela conforme avance la información oficial.
Otro elemento que marcó la postura del bloque oficialista fue el cuestionamiento al actuar de las autoridades estadounidenses.
Legisladores como Manuel Ladrón de Guevara señalaron la necesidad de revisar si se respetaron los mecanismos de cooperación bilateral.
“Hay que estar atentos a intervenciones que rompan nuestra soberanía. Las autoridades mexicanas tendrán que analizar estos comunicados”, indicó.
En la misma línea, Mier sugirió que la difusión de estas acusaciones podría vulnerar principios de confidencialidad establecidos en los acuerdos entre ambos países.
Aunque Morena mantiene el discurso de respaldo al debido proceso y a la soberanía nacional, el tono de sus legisladores revela una estrategia de contención: evitar un costo político mayor sin comprometerse plenamente con los acusados.
