Con 15 votos en pro de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y PAN y uno en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó citar a una reunión de trabajo, el próximo martes, a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno.
El objetivo es que expliquen la presunta participación de dos agentes de la CIA en labores de seguridad dentro del estado sin autorización federal, quienes habrían fallecido tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.
Durante la discusión, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, defendió a la mandataria estatal y aseguró que su partido no tiene inconveniente en que acuda al Senado, al tiempo que convirtió el debate en un señalamiento directo contra gobiernos morenistas.
Anaya sostuvo que la comparecencia podría servir para que la gobernadora “explique cómo sí se combate al crimen organizado”, y afirmó que en Chihuahua se logró desmantelar un laboratorio de gran escala sin necesidad de enfrentamientos armados.
El panista también elevó el tono del debate al exigir que, bajo el mismo criterio, sean llamados otros funcionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quienes acusó de presuntos vínculos o irregularidades relacionadas con el crimen organizado.
El legislador planteó además que, en lugar de citar a la gobernadora de Chihuahua para explicar la presencia de agentes extranjeros, el Senado debería convocar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al considerar que es la instancia responsable de regular el ingreso de personal extranjero al país.
“Quieren castigar a la gobernadora porque en Chihuahua sí se combate al crimen organizado y deciden citarla a comparecer, pero alguien les dice, pues ni modo que la citemos para regañarla. Y entonces tienen la estúpida idea de decir, pues vamos a citarla por lo de los agentes de la CIA.
“(…) Y con ese estúpido argumento quieren sentar a la gobernadora de Chihuahua en el banquillo de los acusados y le quieren exigir que explique qué hacían unos agentes de la CIA en México. ¿Y para qué necesitan que venga la gobernadora de Chihuahua? Con dos dedos de frente citen al secretario de Relaciones Exteriores, él tiene el listado de todos los que entran al país para cuestiones diplomáticas, agentes extranjeros, no necesitan a la gobernadora”, declaró
En respuesta, el senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, calificó de “mentiras” y “contradicciones” las versiones ofrecidas por el gobierno estatal, y sostuvo que el tema no es el combate al narcotráfico, sino la posible violación a la soberanía nacional.
Corral afirmó que la presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad sin autorización federal constituye un asunto de seguridad nacional y una transgresión a la Constitución, que establece límites claros a la intervención de autoridades extranjeras en territorio mexicano.
El senador acusó a la administración estatal de ocultar información y de intentar construir una narrativa para justificar los hechos tras el accidente en el que murieron los presuntos agentes.
“Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las (estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente, aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la esfera que sea, lo que estamos cuestionando es el intento de embaucamiento, el intento de engañar a la opinión pública con mentiras, ocultando que infiltraron agentes norteamericanos en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del estado de Chihuahua.
“Es una falacia y es una mentira decir que es la Sedena la que tiene la responsabilidad (ahora de informar de la presencia de agentes norteamericanos, porque ahora la narrativa que empezó de lo ridículo a lo absurdo está en el argumento más patético”, acusó.
Según su versión, el incidente reveló una colaboración irregular con agencias estadounidenses que no fue reportada al gobierno federal.
Asimismo, rechazó que la responsabilidad recaiga en instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional o el Instituto Nacional de Migración, al subrayar que la conducción de la política exterior y la autorización de tropas extranjeras corresponden al Ejecutivo federal.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó que el Senado diera paso a un punto de acuerdo que, afirmó, tiene una motivación “cien por ciento política”.
Cuestionó la legalidad del dictamen al sostener que la Comisión de Puntos Constitucionales no tiene atribuciones para atender el asunto en discusión, ya que —dijo— no existe una controversia de carácter constitucional.
En ese sentido, subrayó que el tema debió ser turnado a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, cuya conformación, recordó, sigue pendiente.
El legislador también rechazó que el Senado tenga facultades para citar a autoridades estatales como la gobernadora de Chihuahua o el fiscal local, al argumentar que estos rinden cuentas a instancias locales, en apego al federalismo.
“El Senado no tiene la facultad constitucional que se pretende, este es un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, esta comisión tiene por objeto exclusivo analizar y dictaminar asuntos de naturaleza constitucional y sabemos bien que este no es el caso. (…) La gobernadora de Chihuahua, el fiscal general de ese estado no le rinden cuentas a este Senado, le rinden cuentas al Congreso del Estado de Chihuahua, le rinden cuentas a la ciudadanía del Estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto.
“Y pretender solventar esa violación a la soberanía nacional violentando la soberanía estatal es, por decir lo menos, incongruente, (…) bastaba con levantar el teléfono y hacer la llamada para invitar a la gobernadora a la reunión de trabajo”, dijo.
Indicó que, en todo caso, si se busca revisar la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional, las comparecencias deberían dirigirse a dependencias del Ejecutivo federal, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Asimismo, consideró que es prematuro concluir que existe una violación a la soberanía nacional cuando las investigaciones aún están en curso, y advirtió que intentar resolver ese señalamiento vulnerando la soberanía estatal resulta incongruente.
El morenista Gerardo Fernández Noroña, intervino en el debate y denunció que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua forma parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Se ha reiterado, que agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua. No de la DEA, que es quien combate el narco, de la CIA. De manual están actuando, de manual, para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se los vamos a permitir”, acusó.
En medio del debate, el senador Pável Jarero Velázquez respaldó la postura del gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizando que cualquier cooperación internacional en materia de seguridad debe realizarse bajo los principios de soberanía y legalidad.
“El país es libre y soberano. La cooperación internacional es válida, pero siempre debe darse con respeto a nuestras leyes y bajo conducción del Estado mexicano”, señaló.
