El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al considerar que presenta un análisis “parcial y sesgado”, al omitir avances institucionales recientes y basarse en hechos ocurridos principalmente entre 2009 y 2017.
El informe del Comité afirma que ante el alto número de desapariciones en el país, podría tratarse de un crimen de lesa humanidad.
En una postura firme, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señalaron que el documento no incorpora las observaciones, análisis y actualizaciones entregadas el pasado 27 de marzo, lo que —afirman— distorsiona la evaluación de la situación actual del país en materia de desapariciones forzadas.
El gobierno federal subrayó que el informe del CED se enfoca en casos registrados durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de circunscribirse a cuatro estados, lo que —sostiene— limita su alcance y actualidad.
Incluso, destacó que el propio Comité reconoce en su resolución que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones de manera generalizada o sistemática, lo que, según el gobierno, confirma que el contexto actual es distinto al de años anteriores.
Las autoridades mexicanas también señalaron una supuesta falta de rigor jurídico en el informe, particularmente en la interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, además de advertir sobre posibles conflictos de interés dentro del Comité.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, al menos uno de los integrantes del CED habría trabajado previamente con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano, lo que —afirman— compromete la imparcialidad del análisis.
El eje de la defensa del gobierno mexicano radica en las reformas legales e institucionales impulsadas recientemente, particularmente las aprobadas en julio de 2025, resultado —según destaca— de un proceso de diálogo con colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Entre las principales herramientas implementadas se encuentran:
• La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
• La obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte
• La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación
• La Plataforma Única de Identidad
• Fiscalías especializadas en todos los estados
• Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
• Reforzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda
• Registros oficiales con datos mínimos de identificación
• Coordinación obligatoria entre autoridades federales y estatales
• Integración de comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda
El gobierno enfatizó que estas medidas no fueron consideradas adecuadamente por el Comité, pese a su relevancia para atender el problema estructural de las desapariciones.
México reiteró su disposición a colaborar con organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, y recordó que mantiene una cooperación constante con mecanismos de derechos humanos, lo cual ha sido reconocido por el Alto Comisionado.
Sin embargo, advirtió que dicha cooperación no puede basarse en “premisas que no reflejan la realidad actual del país”.
Finalmente, el gobierno reafirmó que no tolera ni promueve desapariciones forzadas y sostuvo que la actual administración ha emprendido una transformación profunda para erradicar este delito, fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación y garantizar verdad y justicia a las víctimas.
