lunes, enero 17, 2022

Fustiga aspirante a Judicatura decretazo de AMLO; “debe hacerse conforme a la ley”

 

 

La aspirante agregó que las leyes se tienen que cumplir porque vivimos en un Estado de derecho y reconoció que el presidente respondió bien a las críticas.

La aspirante a ocupar la vacante en el Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya, afirmó que el decretazo de Andrés Manuel López Obrador carece de legalidad.
“No puede decretarse que algo es de interés público nada más porque lo diga incluso el propio presidente de la República”, afirmó Maya durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado.

‌La aspirante agregó que las leyes se tienen que cumplir porque vivimos en un Estado de derecho y reconoció que el presidente respondió bien a las críticas.
“Creo que el presidente resolvió bien cuando aclaró que no eran los alcances que la prensa le estaba dando a lo que él había propuesta”, dijo la excandidata a la gubernatura de Querétaro.

Además afirmó que tal vez se pudo tratar de un error administrativo pues a lo mejor se trataba de una circular interna para darle velocidad a los trámites.

“Con la ley, no hay nada qué decir. Se tiene que cumplir lir sean autoridades o sean particulares”, dijo Celia Maya.
La afirmación de la aspirante al puesto del Consejo de la Judicatura Federal fue parte de la respuesta al senador Germán Martínez del Grupo Plural.

La comparecencia se llevó a cabo de manera privada entre los senadores y las y los candidatos y fue hasta la aprobación del dictamen de elegibilidad que se hizo pública la reunión.

Celia Maya, ex candidata a la gubernatura de Querétaro ha sido muy cercana al proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación.

También fue parte de la terna para designar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no fue elegida.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?

El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno, con lo cual podrán reservar información y licitar directamente.

Expertos advirtieron que la medida difundida este lunes, en la edición vespertina del DOF, es inconstitucional, como alertó el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.

A través de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo también instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.

‌”Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, se lee en el artículo primero del acuerdo del DOF.

“ESTADO DE EXCEPCIÓN”

Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que “con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional”.

Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica, en su artículo 4, que la información de asuntos gubernamentales solo puede ser reservada “temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional”.

En entrevista con La Silla Rota, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, acusó que la firma del acuerdo y la indicación desde el Poder Ejecutivo representa un acto de ilegalidad.

‌”Es inconstitucional, está invadiendo facultades de los diputados y de los senadores porque el presidente está legislando y él no puede legislar. El decreto además contraviene la ley de adquisiciones y la de la obra pública, es evidente que es inconstitucional pero va a haber un problema. Están invadiendo las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, para presentar una controversia constitucional la tiene que presentar el presidente de la Cámara de Diputados o la presidenta de la Cámara de Senadores y son de Morena. ¿Van a presentarla? Por supuesto que no”.

AMLO RESPONDE A POLÉMICA POR ACUERDO

En conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador señaló que es un acuerdo interno para facilitar y para poder terminar las obras clave de su sexenio. Puso como ejemplos al Aeropuerto “Felipe Ángeles”, para el que quedan cerca de 120 días de construcción, así como el Tren Maya, que está proyectado para 2023.

“Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque cuántos días nos faltan para terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles (…) pues como 120 días más o menos. Imaginen si a Claudio X. González, papá e hijo, junto con el exministro Cossío se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto o que va a ser mucho ruido. Y nos presenta un amparo y cae un amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos”, dijo.

 

 

La aspirante agregó que las leyes se tienen que cumplir porque vivimos en un Estado de derecho y reconoció que el presidente respondió bien a las críticas.

La aspirante a ocupar la vacante en el Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya, afirmó que el decretazo de Andrés Manuel López Obrador carece de legalidad.
“No puede decretarse que algo es de interés público nada más porque lo diga incluso el propio presidente de la República”, afirmó Maya durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado.

‌La aspirante agregó que las leyes se tienen que cumplir porque vivimos en un Estado de derecho y reconoció que el presidente respondió bien a las críticas.
“Creo que el presidente resolvió bien cuando aclaró que no eran los alcances que la prensa le estaba dando a lo que él había propuesta”, dijo la excandidata a la gubernatura de Querétaro.

Además afirmó que tal vez se pudo tratar de un error administrativo pues a lo mejor se trataba de una circular interna para darle velocidad a los trámites.

“Con la ley, no hay nada qué decir. Se tiene que cumplir lir sean autoridades o sean particulares”, dijo Celia Maya.
La afirmación de la aspirante al puesto del Consejo de la Judicatura Federal fue parte de la respuesta al senador Germán Martínez del Grupo Plural.

La comparecencia se llevó a cabo de manera privada entre los senadores y las y los candidatos y fue hasta la aprobación del dictamen de elegibilidad que se hizo pública la reunión.

Celia Maya, ex candidata a la gubernatura de Querétaro ha sido muy cercana al proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación.

También fue parte de la terna para designar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no fue elegida.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?

El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno, con lo cual podrán reservar información y licitar directamente.

Expertos advirtieron que la medida difundida este lunes, en la edición vespertina del DOF, es inconstitucional, como alertó el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.

A través de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo también instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.

‌”Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, se lee en el artículo primero del acuerdo del DOF.

“ESTADO DE EXCEPCIÓN”

Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que “con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional”.

Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica, en su artículo 4, que la información de asuntos gubernamentales solo puede ser reservada “temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional”.

En entrevista con La Silla Rota, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, acusó que la firma del acuerdo y la indicación desde el Poder Ejecutivo representa un acto de ilegalidad.

‌”Es inconstitucional, está invadiendo facultades de los diputados y de los senadores porque el presidente está legislando y él no puede legislar. El decreto además contraviene la ley de adquisiciones y la de la obra pública, es evidente que es inconstitucional pero va a haber un problema. Están invadiendo las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, para presentar una controversia constitucional la tiene que presentar el presidente de la Cámara de Diputados o la presidenta de la Cámara de Senadores y son de Morena. ¿Van a presentarla? Por supuesto que no”.

AMLO RESPONDE A POLÉMICA POR ACUERDO

En conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador señaló que es un acuerdo interno para facilitar y para poder terminar las obras clave de su sexenio. Puso como ejemplos al Aeropuerto “Felipe Ángeles”, para el que quedan cerca de 120 días de construcción, así como el Tren Maya, que está proyectado para 2023.

“Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque cuántos días nos faltan para terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles (…) pues como 120 días más o menos. Imaginen si a Claudio X. González, papá e hijo, junto con el exministro Cossío se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto o que va a ser mucho ruido. Y nos presenta un amparo y cae un amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos”, dijo.

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